FALLO CÁMARA DE DOLORES - SOBRE CONFECCIÓN DE PODER POR LETRADO SIN NECESIDAD DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA

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Carátula:  SANCHEZ RAUL ALBERTO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO O SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)
Fecha inicio:  26/09/2017
Nº de Receptoría:  DL - 5323 - 2010
Nº de Expediente:  96459
Estado:  Fuera de Letra - Para Cédulas
  
  
23/11/2017 - SENTENCIA DEFINITIVA
Texto del Proveído
En la ciudad de Dolores, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 96.459, caratulada: "SANCHEZ, RAUL ALBERTO S/ SUCESIÓN AB INTESTATO", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. Silvana Regina Canale, María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
Primera ¿Es justa la providencia apelada?
Segunda ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fs. 38 contra el proveído de fs. 37, que no mereció réplica.
Desestimado el recurso de revocatoria es concedida la apelación a fs. 43/44.
La jueza de grado, frente a la pretensión del letrado Iriarte de acreditar su carácter de apoderado de Hugo y Andrés Fabián Sánchez y Mirta Centurión a través de un poder bajo la forma de instrumentado privado, le hizo saber que los poderdantes debían suscribirlo ante el actuario y/o ante un escribano.
De ello se agravia el recurrente, afirma que la normativa de fondo vigente ha consagrado el principio de libertad de formas, cita un antecedente del Tribunal que considera tributario de su postura y solicita se revoque el proveído cuestionado.
II. De forma preliminar cabe recordar que frente a una base fáctica análoga a la que se presenta en el caso este Tribunal dictó sentencia el día 4 de febrero de 2016 en la causa “Focke…” N° 94.923 y luego en causa “Gigena…” N° 95.004, citada por el recurrente.
En los mencionados antecedentes se sostuvo que si bien el poder judicial en instrumento privado resultaría en principio suficiente como manifestación de voluntad del otorgante, en virtud de resultar función intrínseca de la judicatura muñir de certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, era necesario que esa libre voluntad expresada entre mandante y mandatario requiera atravesar la intervención del Actuario del Juzgado interviniente.
Ello a fin de resguardar el acto como tal, evitando futuros planteos –por ejemplo nulitivos- por parte de la contraria respecto de la existencia o autenticidad de las grafías y/o contenido del instrumento.
Postura, que una vez trascurridos más de dos años de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que ha implicado en lo referente a la cuestión un cambio de paradigma que sin dudas ha repercutido en el desempeño de las labores diarias tanto de los letrados como de los magistrados, corresponde ser revisada en esta oportunidad.
No se trata de desconocer la trascendencia del acto jurídico que implica actuar en nombre de otra persona en un proceso judicial, sino que se pretende ponderar si la exigencia de certificación de las firmas del instrumento –ante Actuario o Notario- resulta razonable y proporcional al fin buscado, que no es otro que el resguardo de los justiciables y evitar nulidades procesales, que en definitiva, los afecten.
En ese camino no cabe aquí replicar los análisis ya elaborados en los antecedentes citados respecto de la forma que para el acto de apoderamiento preveía el derogado Código Civil, y los principios consagrados en el digesto vigente en concreto en torno al mandato judicial (art. 1015 del CCyCN); ello así en virtud de que el Tribunal dejó claramente asentado que impera la libertad de formas respecto del mandato judicial, rumbo que debe mantenerse.
Y a raíz de un nuevo análisis de la temática bajo estudio motivada por los agravios traídos y considerando la reiteración de casos que se presentan en esta Departamental, entiendo que se debe abandonar la exigencia –adicional- de certificación de firmas adoptada en los citados precedentes del Tribunal y -por tanto- adscribir a la doctrina libre y llana de libertad de formas que emana del Código Civil y Comercial de la Nación.
De lo que se deriva que no corresponda exigir la formalidad de certificación de las firmas del mandato, contribuyendo de esa forma a efectivizar de forma más expedita el derecho de acceso a la justicia de los habitantes.
Sin perjuicio de ello no quedan dudas acerca de que el simple acto de adjunción al expediente judicial por parte del letrado apoderado del poder plasmado en un instrumento privado, importa una declaración jurada sobre su autenticidad, debiendo responder por el daño ocasionado por los defectos en su actuación tanto por la inercia en la actividad que debía desplegar, como por cualquier actuación llevada a cabo en exceso de las facultades otorgadas por el poderdante (arts. 362, 365, 366, 375, 376 y cc. del CCyCN).
Ahora bien, si lo que se pretende es conferir mandato para actos que requieren la formalidad de escritura pública ya sea por su naturaleza o porque así la ley lo exige, el mandato para producir sus efectos deberá ser hecho ante escribano público.
En virtud de tales lineamientos, se observa que el poder especial judicial en instrumento privado acompañado en autos a fs. 35 resulta eficaz como manifestación de voluntad del otorgante sólo a fin de ejercer los actos procesales allí determinados (arts. 284, 285, 363, 375 y 376 del CCyCN).
En consecuencia, deberá revocarse en este sentido la providencia apelada.
III. Costas. Las costas se deben imponer por su orden atento la falta de contradictor (art. 68 del CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES DABADIE Y JANKA ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
En atención a los argumentos dados, citas legales y jurisprudenciales dejo propuesto al Acuerdo revocar la providencia apelada y aceptar el poder especial judicial agregado a fs. 35 con los alcances indicados. Imponer las costas por su orden atento la falta de contradictor (arts. 68, 242, 246, 248 y cc. del CPCC; 284, 285, 362, 363, 375 y 376 del CCyCN).
ASI LO VOTO.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES DABADIE Y JANKA ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal revoca la providencia apelada y acepta el poder especial judicial agregado a fs. 35 con los alcances indicados, con costas por su orden atento la falta de contradictor (arts. 68, 242, 246, 248 y cc. del CPCC; 284, 285, 362, 363, 375 y 376 del CCyCN).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
 
SILVANA REGINA CANALE
 
MARÍA R. DABADIE MAURICIO JANKA
GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario